Amenazas terroristas en República Dominicana

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Amenazas terroristas en República Dominicana

José Antonio Logroño Morales Por: José Antonio Logroño Morales 0 Compartir 1 de agosto, 2016

República Dominicana, constituida de hecho en una reacia potencia regional, dada su influencia económica (PIB), política (buenas relaciones internacionales) y social (sociedad abierta), se encuentra en una posición focal importante para continuar incrementando su importancia, pero a la vez se destacan sus posibles vulnerabilidades en el campo de la seguridad.

La ausencia de rivales o enemigos formalmente declarados del Estado dominicano no se traduce necesariamente en la inexistencia de estos. Es deber del principal organismo civil de seguridad estatal (Departamento Nacional de Investigaciones, creado y regulado por la Ley 857 del 22 de Julio de 1978) “…investigar cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atenten contra la Constitución y las leyes de la República, las instituciones del Estado o que traten de establecer una forma de gobierno totalitario”.

No obstante lo anterior, en la práctica, el Departamento tiene como función establecer los parámetros de vigilancia y –a la vez- diseñar políticas y acciones ejecutivas, para –en el mejor de los casos- detectar, analizar, prevenir, impedir y eliminar cualquier amenaza o acción no militar, interna o externa que atente contra la seguridad nacional. Las amenazas militares recaen obviamente en la jurisdicción de los organismos de inteligencia propiamente militares (J-2, G-2, M-2 y A-2).

Las tendencias actuales y puntuales de amenazas a la seguridad nacional, específicamente de acciones terroristas, se matizan bajo el análisis de radicalismos religiosos, conflictos étnicos o en su defecto reivindicaciones socioeconómicas basadas en postulados político-ideológicos. La ubicuidad y acceso universal a avanzados medios técnicos potencializan los mensajes, planes e influencia mediática-social de los actos terroristas una vez son perpetrados.

La militarización de jure de la función de protección estatal en República Dominicana conlleva beneficios y perjuicios. El acceso a suficiente personal disciplinado y preparado, con su consiguiente uniformidad de organización y métodos, hace más efectiva la labor del ciclo de inteligencia (1.- Planes y Dirección, 2.- Obtención, 3.- Explotación y Procesamiento, 4.- Análisis y 5.- Diseminación).

En el aspecto negativo, la aparición de nuevas y cambiantes tendencias no siempre es asimilada de manera efectiva y suficientemente expedita por una organización rígidamente jerárquica y donde la información solo fluye de los mandos inferiores a los superiores, sin capacidad de crítica o disensión.

Asimismo, la militarización de los mandos puede parcializar a que dichos organizamos tomen una visión excesivamente “militar” en cuanto a su relación e interacción jurídica con los ciudadanos. Es de rigor que los mandos políticos nacionales mantengan una efectiva supervisión e intervención jurídica para obtener un adecuado equilibrio entre necesidades y poderes atribuidos a dichos organismos y su personal.

El terrorismo Jihadista, a la fecha, no ha atacado en Latinoamérica. No obstante, en la región abundan los objetivos y las debilidades que harían posibles dichos ataques. República Dominicana, por su posición geográfica y su realidad de recibir más de cuatro millones de turistas cada año, se encuentra en una posición peligrosa y vulnerable. Considerables y visibles objetivos económicos de origen europeo y norteamericano se encuentran en nuestro territorio, tales como empresas telefónicas, cadenas hoteleras, bancos, minas, cadenas de comida rápida. Debemos siempre tomar la actitud de que estamos siendo observados y analizados en nuestras vulnerabilidades y accesos.

La constante vigilancia es uno de los precios con que se compra la seguridad. En cuanto a la prevención del terrorismo Jihadista, el organismo de seguridad estatal dominicano debe, dentro de los parámetros constitucionales y legales, mantener –siempre- un alto y dinámico estado de alerta y observación general, específicamente enfocado a aquellas personas, organizaciones y tendencias que posean un perfil que pueda indicar o inferir su posible participación en actos nefastos.

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